El Gobierno de Rodrigo Paz investiga a funcionarios de la actual gestión y, por efecto de ese trabajo se han identificado a personas vinculadas con presuntos ilícitos.
Así lo ha revelado el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, quien además destacó que las pesquisas en Bolivia condicen con las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que el jueves publicó un segunda nómina en la que se incluye a dos exfuncionarios.
“Hay muchas coincidencias con las investigaciones que ya veníamos realizando y fue decisión nuestra (…) que separamos a cualquier funcionario”, sostuvo.
EEUU “ha expresado de manera muy clara y contundente que hay ciudadanos bolivianos que no son bienvenidos en ese país, pero además ha aseverado que es por causas de corrupción o contactos con el narcotráfico”, afirmó en una entrevista con UNITEL.
“Independiente de ello, reitero, el Gobierno boliviano venía ya hace tiempo, el Estado boliviano en realidad no es el Gobierno, haciendo sendas investigaciones sobre varios casos y hay muchas coincidencias en las decisiones que vemos ha tomado el Gobierno americano”, señaló.
Diego Alejandro Barboza Zeballo, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), y Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, exdirector departamental del Segip en Santa Cruz, fueron cesados en sus cargos días antes de la publicación de la lista de EEUU, según el Gobierno.
¿EEUU le está diciendo al Gobierno que revise su gestión?
“En realidad venimos trabajando para limpiar el Estado con exautoridades, funcionarios actuales, cualquiera que tuviera algún contacto con el narcotráfico, con estructuras criminales, debe ser sometido a la ley”, señaló.
Gálvez aseguró que “no hay privilegio alguno” en este caso y “esa es la política sustentada” del Gobierno.
Antes de la publicación de la primera lista, el Gobierno destituyó a Alberto Samuel Soto de la Vía, ahora expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional, y al coronel Frans William Cabrera Quispe, que era Inspector de la Policía Boliviana y parte del Alto Mando Policial, a quien el presidente había posesionado semanas antes.
“No hay color político, no hay uniforme, no hay cargo, no hay influencia que pueda cambiar la necesidad de limpiar el Estado boliviano”, aseguró el vocero.
Luego insistió: “Lo que vemos nosotros es una coincidencia en los principios y la política que implementamos respecto a la intolerancia para con cualquier acción que se haya realizado en esta dirección”.
En ese marco, remarcó que “tenemos que ser respetuosos del debido proceso” puesto que “el hecho de que el Gobierno americano”, el de Estados Unidos, “haya publicado esas listas no significa una condena por sí misma”.
“Pero reitero, hay muchas coincidencias con las investigaciones que ya veníamos realizando y fue decisión nuestra, en cuanto teníamos suficientes indicios para ponerlos a consideración de la Justicia, que separamos a cualquier funcionario y eso va a suceder con cualquier persona que estuviera ocupando cualquier cargo”, remarcó.
En la lista de septiembre hubo otros funcionarios sancionados que fueron nombrados por la presente gestión y no se conoció procesos contra ellos, Galvez fue consultado sobre si desde el gabinete ven algún patrón en sus designaciones o algunas relaciones a mayor nivel.
“En lo absoluto”, respondió Gálvez y afirmó: “En realidad hay investigaciones en curso”.
“Lo que hay que tomar en cuenta es que hay cosas que están mucho más claras, avanzadas, investigadas y cuando correspondan tenga la certeza de que se iniciarán los procesos correspondientes”, destacó.
Aseguró que “ningún elemento va a ser ignorado, ningún caso en particular va a ser favorecido”. /eldia
