Washington sostiene que el fiscal Mariaca estuvo involucrado en “corrupción significativa” y afirma que abusó de sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos con el objetivo de facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia
El Departamento de Estado revocó los visados vigentes de 13 ciudadanos bolivianos y sus familias. Otros nueve bolivianos que actualmente no tienen visa quedaron, en general, impedidos de obtenerla. El fiscal general Roger Mariaca fue además mencionado en el informe de manera especial al considerar que está vinculado con corrupción significativa.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes restricciones de visado contra autoridades, exautoridades y ciudadanos bolivianos, como parte de una nueva política destinada a sancionar a extranjeros que, según Washington, socaven gobiernos democráticamente elegidos mediante actos de corrupción o narcotráfico.
El Departamento de Estado informó que la medida alcanza inicialmente a 13 ciudadanos bolivianos que tenían visas vigentes, cuyos documentos fueron revocados junto con los de sus familiares. Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa quedaron, en general, impedidos de obtener una.
La decisión fue anunciada dentro de una política aplicada también a ciudadanos de Colombia, Ecuador y Perú, países participantes de la iniciativa estadounidense denominada Escudo de las Américas. En total, la medida anunciada alcanza a 27 funcionarios, exfuncionarios y sus familias en los cuatro países, según la agencia Associated Press.
¿Quiénes son los bolivianos afectados?
Entre los 13 ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos revocó sus visas figuran fiscales, jueces, un magistrado constitucional, un exejecutivo de la Aduana, un exministro de Justicia, un coronel de la Policía y un empresario privado.
La lista difundida por el Departamento de Estado está integrada por:
Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera de Santa Cruz.
Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.
Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz.
Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional.
Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia.
Frans William Cabrera Quispe, coronel inspector general de la Policía Boliviana y exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
En el caso de Irusta Flores, registros del Órgano Electoral Plurinacional también lo identifican como candidato habilitado para las elecciones generales de 2025.
La medida contra Roger Mariaca
Además de la lista de 12 personas con visas revocadas, el Departamento de Estado anunció una designación pública contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, bajo la sección 7031(c) de la legislación estadounidense.
Washington sostiene que Mariaca estuvo involucrado en “corrupción significativa” y afirma que abusó de sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos con el objetivo de facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Estas son acusaciones formuladas por el Gobierno estadounidense, no una determinación judicial de culpabilidad en Estados Unidos.
La designación implica que Mariaca y sus familiares directos quedan, en general, inelegibles para ingresar a Estados Unidos. Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general, es el funcionario boliviano de mayor rango alcanzado por la medida.
El Departamento de Estado explicó que las nuevas restricciones se aplican bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite restringir el ingreso a personas cuya entrada o actividades puedan tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.
Según Washington, la nueva política permitirá actuar contra ciudadanos extranjeros mientras se recopilan pruebas sobre posibles actividades de corrupción o narcotráfico que afecten a gobiernos elegidos democráticamente.
La Administración Trump presentó la medida como parte de sus compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y posteriormente reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.
Bolivia concentra la mayor cantidad de afectados
Dentro del anuncio regional, Bolivia concentra la mayor cantidad de personas individualizadas.
En Colombia fueron incluidos el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú. Ecuador registra dos ciudadanos afectados, aunque el comunicado estadounidense no identifica sus nombres, mientras que en Perú fue incluido el juez Juan Carlos Núñez Matos.
El Departamento de Estado sostiene que las restricciones buscan utilizar la política migratoria como una herramienta para responder a actos que, desde la perspectiva de Washington, afectan la democracia, la seguridad y el Estado de derecho en el hemisferio.
La medida contra funcionarios bolivianos abre ahora un nuevo frente en la relación entre La Paz y Washington, particularmente por tratarse de fiscales y jueces en funciones, además de exautoridades de alto nivel y del propio fiscal general del Estado.
