Más de 100 excavadoras, 200 volquetas y unas 500 personas fueron identificadas en una operación ilegal de explotación de oro en 30 cuadrículas del río Takjoni, en Pocoata, Potosí. La AJAM denunció el caso ante el Ministerio Público y advirtió sobre vínculos con el crimen organizado.
UN RÍO CONVERTIDO EN ZONA DE EXPLOTACIÓN
El río Takjoni, en el municipio de Pocoata, refleja la magnitud que puede alcanzar la minería ilegal. Durante una inspección, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) identificó trabajos de explotación aurífera en unas 30 cuadrículas, con maquinaria pesada y cientos de personas.
El director departamental de la AJAM en Potosí, Óscar Antonio Santos Orellana, presentó el caso durante el Taller de Periodismo y Minería, organizado por la Fundación para el Periodismo el 16 y 17 de octubre, con participación de periodistas de Sucre, Potosí y Oruro.
Según su exposición, la explotación alteró severamente el entorno y dejó el cauce prácticamente desaparecido en algunos sectores. También señaló que durante la inspección se perdió la señal del dron en determinadas áreas.
La AJAM presentó una denuncia ante el Ministerio Público. La investigación deberá establecer quiénes financian la operación, qué derechos respaldan la explotación y dónde se comercializa el oro extraído.
DEL YACIMIENTO A LAS REDES DEL CRIMEN ORGANIZADO
Santos Orellana advirtió que la minería ilegal no se limita a la extracción sin autorización. En determinados casos, puede involucrar una cadena económica que comprende financiamiento, maquinaria, combustible, transporte y comercialización.
El desafío es identificar a quienes sostienen estas operaciones y se benefician de ellas. La investigación debe establecer quién financió los equipos, quién compra el oro y qué documentos respaldan su procedencia.
La autoridad también alertó sobre amenazas y agresiones contra funcionarios durante algunos operativos. Según su exposición, hay intervenciones que deben suspenderse por seguridad y en las que la actividad extractiva vuelve a comenzar después del retiro del personal estatal.
Esto demuestra que paralizar temporalmente los trabajos no necesariamente desarticula el negocio. Si continúan disponibles la maquinaria, el financiamiento y los canales de venta, la explotación puede reanudarse.
La existencia de vínculos con el crimen organizado deberá establecerse mediante investigaciones y pruebas que identifiquen a los responsables.
LAS LEYES EXISTEN, PERO EL CONTROL ES INSUFICIENTE
Bolivia cuenta con normas para regular la actividad minera y sancionar determinadas conductas ilegales, entre ellas las leyes 535 de Minería y Metalurgia, 367 y 1333 del Medio Ambiente.
Sin embargo, el problema también comprende las dificultades para aplicar las normas, coordinar instituciones y mantener controles efectivos en zonas donde operan grupos numerosos y maquinaria pesada.
Santos Orellana señaló debilidades en la fiscalización de la comercialización. Los registros y documentos deben permitir verificar el origen del oro y la legalidad de las operaciones.
Cuando la documentación es falsa, incompleta o no se verifica adecuadamente, resulta más difícil reconstruir la ruta del mineral e identificar a quienes participaron en el negocio.
Por eso, las investigaciones deben alcanzar también a intermediarios, compradores y financiadores cuando existan indicios de participación.
AVASALLAMIENTOS Y COMUNIDADES BAJO CUESTIONAMIENTO
El director de la AJAM también abordó la ocupación de áreas mineras y el uso de supuestos acuerdos comunitarios para justificar actividades extractivas.
La propiedad de un terreno o el respaldo de una comunidad no equivalen, por sí solos, a una autorización estatal para explotar minerales. Los derechos mineros y las condiciones legales deben verificarse conforme a la normativa vigente.
El funcionario se refirió, además, a las denominadas «comunidades fantasma», expresión utilizada en algunas denuncias para cuestionar la existencia de organizaciones, la representación de sus dirigentes o la legitimidad de acuerdos vinculados con operaciones mineras.
Estas denuncias requieren verificación documental y no constituyen, por sí mismas, prueba de un delito. Tampoco corresponde vincular automáticamente a comunidades, cooperativas o trabajadores mineros con organizaciones criminales: las responsabilidades deben establecerse individualmente.
AMENAZAS Y AGRESIONES DURANTE LOS OPERATIVOS
Santos Orellana relató que el 20 de marzo de 2026, durante una inspección en una zona de Cotagaita, Potosí, se identificó explotación presuntamente ilegal en aproximadamente cuatro cuadrículas.
Según su testimonio, los funcionarios fueron atacados cuando intentaron acercarse a las personas que trabajaban en el lugar y tuvieron que retirarse por seguridad. La actividad habría continuado posteriormente.
También mencionó agresiones con dinamita durante intervenciones en otras zonas mineras. Estos hechos ponen en riesgo a los servidores públicos y dificultan la identificación de responsables y la verificación de las condiciones de explotación.
La respuesta requiere coordinación entre la AJAM, el Ministerio Público y las instituciones responsables del control ambiental y comercial.
EL NEGOCIO DEL ORO Y LOS VACÍOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), planteó la necesidad de revisar integralmente la política pública del oro, los mecanismos de fiscalización y la distribución de los beneficios económicos.
Su análisis advierte sobre interrogantes relacionados con la producción nacional, los aportes fiscales de la actividad y sus impactos ambientales y sociales.
También señala la participación de comercializadoras que pueden intervenir en la compra del mineral y en el financiamiento de operaciones mediante la provisión de maquinaria y equipos.
Esta conexión obliga a examinar toda la cadena económica. Las medidas dirigidas exclusivamente contra quienes trabajan en el área minera pueden ser insuficientes si no se investiga quién financia la extracción y quién obtiene las ganancias.
Una política integral debería fortalecer los controles sobre los derechos mineros, la fiscalización ambiental, la trazabilidad del oro y la verificación de compradores y exportadores.
EPCORO Y LOS CONTROLES SOBRE EL ORO ESTATAL
La fiscalización también plantea interrogantes sobre las instituciones públicas que participan en el negocio aurífero.
La Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) fue creada mediante el Decreto Supremo 5134, en marzo de 2024, durante el gobierno de Luis Arce, para fortalecer la participación estatal en la producción y comercialización del oro y contribuir a las reservas internacionales.
La empresa reemplazó a la Empresa Boliviana del Oro (EBO), que había tenido dificultades para consolidar una participación significativa en el mercado.
Este antecedente refuerza la necesidad de controles financieros y administrativos tanto en las operaciones privadas como en las entidades estatales.
RASTREAR EL ORO HASTA EL COMPRADOR FINAL
Las cifras expuestas por la AJAM —30 cuadrículas, más de 100 excavadoras, 200 volquetas y unas 500 personas— plantean interrogantes sobre la logística y el financiamiento que hicieron posible la operación identificada en Pocoata.
La denuncia ante el Ministerio Público es un primer paso. El resultado dependerá de la capacidad para reunir pruebas, identificar a los responsables y determinar si existen redes de financiamiento y comercialización vinculadas con la explotación denunciada.
Bolivia necesita superar los operativos aislados y establecer controles que sigan el recorrido del oro desde el lugar de extracción hasta su comprador final. Esto implica verificar los derechos mineros, las obligaciones ambientales, la documentación comercial y el destino de los recursos económicos.
Sin una fiscalización integral, la maquinaria puede abandonar temporalmente el río, pero el negocio que sostiene la explotación ilegal puede permanecer intacto. /Erbol
