El Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, expresó su profunda satisfacción por la noticia que se conoció cerca al mediodía de hoy, luego de la Audiencia realizada este 19 de octubre de 2026 ante el Juez de Garantía, en Arica, Chile dando cuenta que el Juez de Garantía había ordenado parar nuevas quemas de maderas, suspender la “reserva” de la investigación y permitir un peritaje imparcial, como el sector maderero, exportador, el gobierno boliviano, y el IBCE venían insistiendo por meses. “Con una investigación abierta y transparente, la acusación que el Fiscal Regional de Arica inventó se caerá a pedazos, aunque el descomunal daño ocasionado a los empresarios, al sector, al país y a las familias bolivianas, ya está hecho”, dijo.
IBCE APLAUDE LO QUE DETERMINADO POR EL JUEZ
- Ordena suspender la indebida quema de maderas bolivianas, entendiéndose, en los Puertos de Valparaíso y San Antonio, siendo que extraoficialmente se sabe que el 100% de las maderas en Arica fueron incineradas;
- Abre la posibilidad de una contraprueba a través del peritaje de una entidad imparcial, algo que se determinará en una nueva audiencia el 29 de octubre
- Levanta la indebida «reserva» de la investigación que impedía conocer los actos y excesos cometidos por diferentes autoridades en Chile, vulnerando el debido proceso que colocó en una total indefensión a los exportadores bolivianos.
LA INVESTIGACIÓN TOMARÁ OTRO CURSO
Rodriguez dijo que “con estas determinaciones, la «investigación» en curso, tomará un curso totalmente distinto, porque ahora se podrá demostrar la falacia de la temeraria acusación del Fiscal Regional de Arica, cuando, en conferencia de prensa, el 8 de junio pasado, en presencia de la Armada de Chile, el Ministerio de Seguridad Publica, la Aduana de Chile y la Fiscalía Nacional, muy suelto de cuerpo anunció a los cuatro vientos que había hecho «la mayor incautación histórica» de 108 toneladas de «maderas impregnadas» con sustancias controladas, en las poco más de 1.000 toneladas de maderas bolivianas que estaban siendo exportadas a ultramar por el puerto de Arica y que fueron indebidamente retenidas.
Con ello, la actuación del Fiscal Regional de Arica violó el Tratado de Paz y Amistad de 1904 suscrito entre Bolivia y Chile, por el cual el comercio exterior boliviano no solo debe ser salvaguardado, sino, garantizado totalmente en su libre tránsito.
La inobservancia de este Tratado, así como de la Convención de Viena, del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, y de la propia Constitución Política del Estado de Chile, al no garantizarse el debido proceso, colocó en franca indefensión a las 23 empresas bolivianas exportadoras de madera afectadas por la retención de cerca de 60 contenedores, ocasionando 4 daños: 1) Un daño económico por 50 millones de dólares ya consumado; 2) Un daño reputacional a las empresas bolivianas, el sector forestal, la imagen del país y sus importadores; 3) La pérdida de más de 20.000 empleos en la cadena productiva forestal/maderera boliviana; y, 4) La pérdida de clientes y mercados internacionales.
