La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia resolvió la apertura de juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa por el caso Quiborax.
La Sala Plena recomendó el juicio de responsabilidades contra del exmandatario por encontrar suficientes elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, que lo denunció por el presunto delito de daño económico al Estado.
Los magistrados que conforman la Sala Penal resolvieron enviar su decisión a la Sala Plenainstancia que deberá aprobar y enviar el expediente a la Asamblea Legislativa Plurinacionalpara que autorice o no el juicio contra Mesa.
«Lo que hizo el Ministerio Público en estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso. Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional», dijo el fiscal, Ramiro Guerrero el pasado 9 de julio.
El proceso se activó a denuncia del Procurador General del Estado, Pablo Menacho, quien pocos días después que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó su fallo que determinó la derrota jurídica del Estado, planteó la denuncia contra Mesa y otros de sus excolaboradores.
El Estado boliviano tuvo que pagar el millonario monto de 42,6 millones de dólares, en un juicio internacional que duró más de una década, la mayor parte del proceso estuvo en manos de la administración del presidente Evo Morales, es decir la defensa de los intereses del Estado.
Mientras el Gobierno ha señalado a Mesa como el principal responsable de la demanda internacional, el exmandatario ha retrucado señalando a los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro y al Procurador como los autores de una «pésima» defensa de los intereses del Estado.
Antecedentes
La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.
Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa,se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.
En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Ciadi a Bolivia por 66 millones de dólares.
En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.
El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.
Fuente:Lostiempos
